El joven de 28 años participaba de una protesta de la Comunidad Mapuche de Cushamen, contra el grupo Benetton, y tras la represión de Gendarmería Nacional permaneció desaparecido durante 78 días, hasta que su cuerpo fue encontrado en el Río Chubut.

El 1º de agosto de 2017, Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez, cuando participaba de una protesta de la Comunidad Mapuche de Cushamen, en la provincia de Chubut, contra el grupo Benetton, que había adquirido unas tierras que los pueblos originarios reclaman como propias.

Tras la violenta represión de Gendarmería Nacional, el joven permaneció desaparecido durante 78 días, y su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre en el Río Chubut, 400 metros río arriba de donde había estado manifestándose.

La denuncia de testigos apuntó contra Gendarmería; sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin realizar una investigación previa, se apresuró en manifestar que no existía “ningún indicio” de que estas fuerzas de seguridad lo hayan detenido, y las desligó de responsabilidades inmediatamente.

Como respuesta a la información falsa que circuló y circula en los medios de comunicación, familiares y amigos decidieron crear el sitio web www.santiagomaldonado.com, para divulgar información confiable y exigir el esclarecimiento de los hechos. Allí piden justicia independiente, pronta e imparcial: “Exigimos que actúen la Justicia, el Gobierno y las fuerzas de seguridad para esclarecer lo acontecido el 1º de agosto de 2017 en el Pu Lof Chushamen de la provincia de Chubut, para saber qué sucedió durante y después del operativo encabezado por Gendarmería Nacional que tuvo como consecuencia la desaparición y muerte de Santiago Maldonado”.

También, los familiares y amigos del joven destacan que, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, una desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

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