Juntos fue el espacio que más sufragios sumó, tanto en las internas para intendentes (1° Golosetti) como para concejales (1° Sanita), votación en la que Palanca fue el más elegido, seguido de su competidora Arán (FPCyS) y Bonis (FPC). Los representantes de Cambiemos no llegaron a los 2 mil votos, y Sarasola se impuso en la interna oficialista, en busca de la reelección.

La medida de fuerza convocada por los gremios del Frente Sindical para el Modelo Nacional y las CTA, contra la política económica del gobierno nacional, dejará sin actividad a los sectores industriales y de servicios por 24 horas.

El registro interanual acumula un alza del 54,7 %, debido fundamentalmente a los fuertes incrementos en tarifas, combustibles y alimentos, el mayor nivel desde 1991. Esto empujó a Cambiemos a lanzar algunas medidas para contener la debacle del consumo y mejorar las perspectivas electorales.

En Casilda, Rosario, Buenos Aires, así como en muchas otras ciudades de todo el país, se realizaron movilizaciones en rechazo a la política del gobierno de Mauricio Macri.

Durante el acto del miércoles, las agrupaciones gremiales, políticas y sociales manifestaron: “Nos reunimos para decir basta a los tarifazos y a los despidos que provocan las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. No ha perdonado ni a establecimientos escolares, universidades, clubes barriales ni a asociaciones de discapacidad”.

La intendencia de Carcarañá clausuró la cabina por una deuda de más de un millón y medio de pesos que la empresa concesionaria debe de la habilitación anual. Esta irregularidad se suma al mal estado en que se encuentra la traza, especialmente en el tramo hacia Roldán, y cuya jurisdicción corresponde a la Nación.

Los sindicatos del Movimiento Sindical Rosarino llaman a “la construcción de un gran frente nacional que enfrente este modelo”; en Casilda manifiesta su preocupación el Centro Económico y siguen los reclamos de la Intersindical; mientras que a nivel nacional se realizó una masiva movilización.

Durante todo el año pasado, en el rubro alimentos y bebidas, los precios subieron más del 51 por ciento. Los aumentos afectan a trabajadores activos, desocupados, jubilados, beneficiarios de asignaciones y, en particular, a los sectores más humildes.

El gremio reclama llevar la paritaria del 25 al 40,5 %, ya que la misma quedó atrasada respecto a la inflación. En Casilda trabajadores de la fábrica Marani que reclaman una deuda no llegaron a un acuerdo con la patronal y resolvieron realizar un paro el lunes 10. 

Cientos de empresarios y empresarias se congregaron para solicitar medidas, ante la recesión económica que atraviesa la economía argentina. Fueron recibidos por diputados y diputadas nacionales, a quienes les entregaron un documento con las necesidades de legislación urgente.

La Empresa Provincial de la Energía solicitó un aumento del 21,3 % en enero más 5,4 % en marzo, al que se le sumará el aumento de la energía mayorista; mientras que Aguas Santafesinas quiere subir un 30 % en el primer bimestre del año más otro 30 % en el tercero.

En diferentes puntos del país tuvieron lugar movilizaciones de las organizaciones sociales y de la economía popular, para exigirle al gobierno nacional que declare la emergencia alimentaria e instrumente políticas para frenar el aumento del hambre en los sectores más humildes.

Fuera del Congreso se llevó a cabo una masiva manifestación de organizaciones sociales, sindicales y políticas para repudiar el presupuesto oficial, la cual fue fuertemente reprimida.

A pesar de que el gobierno de la Alianza Cambiemos cada vez tiene menos apoyo de otros sectores políticos en la Cámara de Diputados, igualmente logró imponerse con 138 votos afirmativos, frente a 103 negativos y ocho abstenciones. En los dos proyectos de Presupuesto 2017 y 2018, había contado con 177 y 165 votos a favor, respectivamente. Esta vez el oficialismo sumó el aval de una porción del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados), de Evolución y algunos monobloques, mientras que el rechazo vino de parte del Frente para la Victoria, Red por Argentina, Frente Renovador, Unidad Justicialista y la izquierda. A mediados de noviembre se tratará el proyecto en el Senado para la sanción definitiva.

El denominado “Presupuesto del Ajuste” establece una disminución de la actividad económica, del consumo privado y de la inversión, además de un dólar promedio de 40,10 y una inflación del 23 % que nadie cree. Lo único que crece es la deuda, mientras hay una caída de las exportaciones, de los subsidios, de la salud, de la educación y de los recursos destinados a las provincias y a los municipios, lo cual traerá más recesión y desempleo y menos actividad económica.

Fuera del Congreso se llevó a cabo una masiva manifestación de organizaciones sociales, sindicales y políticas para repudiar el presupuesto oficial, la cual fue fuertemente reprimida, ya que un pequeño grupo de encapuchados, señalados como infiltrados enviados por el propio gobierno, arrojaron piedras. Desde el día anterior se había advertido sobre la aparición de montículos de escombros y contenedores llenos de piedras en las inmediaciones al parlamento. Durante la represión hubo gran cantidad de heridos y alrededor de treinta detenidos, entre manifestantes e incluso periodistas.

Los votos de los 19 representantes de Santa Fe

10 diputados votaron en contra: Marcos Cleri (FpV), Lucila de Ponti (Movimiento Evita), Silvina Frana (FpV), Josefina González (FpV), Alejandro Ramos (Peronismo Kirchnerista), Alejandra Rodenas (Peronismo Kirchnerista), Agustín Rossi (FpV), Alejandro Grandinetti (FR), Vanesa Massetani (FR), Luis Contigiani (FPCYS).

 9 diputados de Cambiemos votaron a favor: Albord Cantard, Gonzalo del Cerro, Astrid Hummel, Lucas Incicco, Luciano Laspina, Lucila Lheman, Hugo Marcucci, José Nuñez y Gisela Scaglia.

Si se aprueba el Presupuesto 2019, que ya obtuvo media sanción en Diputados, de cada $100 destinados a gastos por la deuda, sólo $38 corresponderán a Educación; $25 a Salud; $11 a Protección Social; $7,7 a Ciencia; $4,8 a Vivienda; $4,1 a agua potable; $1,8 a Trabajo y $0,1 a Industria.

El objetivo de la movilización es "visibilizar una vez más la situación que viven los crucificados de nuestro tiempo: los empobrecidos, los trabajadores, los desocupados, los despedidos, los jubilados y pensionados, las personas con discapacidades, los que reciben planes sociales, los que integran la economía popular y cooperativas, los presos políticos”.