La empresa Correo Argentino S.A. fue la concesionaria del servicio postal oficial de la Argentina desde el gobierno de Carlos Menem, hasta que el de Néstor Kirchner le rescindió el contrato por la quiebra que declaró la sociedad anónima que controlaba el grupo que encabezaba el empresario Franco Macri. Correo Argentino S.A. había entrado en concurso preventivo en setiembre de 2001, cuando debía $ 900 millones.

En diciembre del año 2003, la justicia comercial le había prohibido a Franco Macri salir del país sin que la medida afectara el funcionamiento del servicio postal. Ahora, el presidente Mauricio Macri -hijo de Franco Macri- , pretende condonar la deuda que asciende a 70 mil millones de pesos y estaba pactada en pagos hasta el año 2033.

PIDIERON RECHAZAR POR “ABUSIVO” EL ACUERDO EN EL CONCURSO PREVENTIVO

La fiscal general Gabriela Boquín consideró que, de acuerdo a los cálculos realizados por la DAFI, la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a 2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo. La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Asimismo, la representante del MPF advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

En su dictamen, la Fiscalía –como parte del proceso de homologación– analizó la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio Estado Nacional, siendo éste titular del 32,65 % del pasivo concursal.

La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI de la Procuración General de la Nación: la segunda propuesta –aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia– “mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7 % anual). Del análisis económico surge que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16 % y la propuesta aceptada implica una quita velada del orden del 98,82 %”, de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, aseveró Boquín.

En una ampliación al dictamen presentada el pasado martes 7, la fiscal general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI, de los que surge “el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”, a saber $70.163.910.895,30 –saldo de la quita a marzo de 2033– y 4.277.659.362,13 –saldo de la quita a febrero de 2017–.

La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.

CONFLICTO DE INTERÉS

Por otra parte, la fiscal general consideró que el consentimiento fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo –el Dr. Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180 días–, en virtud de que debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.

Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

“En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”, señala el dictamen.

“En efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él [en referencia a Mocoroa], podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la fiscal. Y precisó: “En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”. Por ese motivo, solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines que su titular estime corresponder”.

En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos públicos destinados a la satisfacción del bien común, por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico y con principios orientados a la preservación de dichos intereses generales”.

Finalmente, Boquín formuló reserva para acceder por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria a lo dictaminado. (Fuente: fiscales.gob.ar)

“PORQUE ES RICO NO ROBA”

Entre los beneplácitos que acostumbra a recibir la familia Macri están las condonaciones generosas de deudas del sector privado (empresas del Grupo Macri), que históricamente superan a su propio récord. Los métodos de condonación de deuda pueden ser efectuados por medio de transferencia del sector privado para engrosar la deuda pública o un perdón divino del Estado –como en este caso– que siempre y de alguna forma pagamos entre los cuarenta millones de argentinos con ajustes y tarifazos.

En el año 1976, durante la dictadura militar más sangrienta de nuestro país, el grupo Macri fundó el Grupo Socma y en el año 1982 fue uno de los grandes beneficiados de la estatización de la deuda llevada adelante por Cavallo.

La primera gran condonación histórica fue gracias a Domingo Cavallo en 1995, cuando el ministro de Economía firmó “el decreto Sevel” tal como se lo conocía. El mismo le sirvió al Grupo Macri, que regenteaba a la empresa automotriz, para extinguir una causa por evasión fiscal de esa época por 55 millones de dólares.

Con la Estatización de Deuda, Decreto Sevel y Condonación Deuda de familia quedan demostradas las variantes sistemáticas de robo, vaciamiento y posteriores blanqueos de fortunas in cresciendo y mal habidas. Mauricio Macri hace todo lo posible para derribar el mito “porque es rico no roba”.

70 MIL MILLONES EQUIVALEN A:
- 1.296 Jardines de infantes, según los cálculos del presidente al estimar el déficit de Aerolíneas que fue en 2 jardines.
- 23 años de Fútbol Para Todos, con el nuevo contrato que la AFA pretende acordar con un privado, de 3 mil millones anuales.
- 31 años del Programa de Lucha contra el SIDA del Ministerio de Salud, que para 2017 tiene un presupuesto de 2.199 millones de pesos.
- 6,86 veces el dinero que por año el Gobierno invierte en científicos, ya que para 2017 el presupuesto del CONICET es de 10,2 mil millones de pesos.