La iniciativa, que ya tenía media sanción de Diputados, establece que los valores regresen a los de noviembre de 2017, y que los incrementos para los usuarios residenciales acompañen a los salarios y para las pymes tomen como referencia la variación de precios mayoristas.

En la madrugada del jueves 31, el Senado convirtió en ley el proyecto que limita la suba de tarifas de los servicios públicos, tras la votación en la que la oposición se impuso por 37 votos contra 30 del oficialismo. Sin embargo, la misma quedó sin efecto inmediatamente, ya que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en la mañana siguiente el veto del presidente, Mauricio Macri.

La iniciativa, que ya tenía media sanción de Diputados, establece que el cuadro tarifario que regula gas, electricidad y agua se retrotraiga a los valores de noviembre de 2017, y que los incrementos acompañen a los salarios –en el caso de usuarios residenciales– y tome como referencia la variación de precios mayoristas cuando se trata de pequeñas y medianas empresas.

Hugo Yasky, titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), consideró que la definición de Macri pone al sindicalismo “en el momento justo para que la respuesta al veto insensible del gobierno sea un paro general”.