En las audiencias públicas del gas, la posición de las dos partes encontradas, ciudadanos y empresas, coincidieron en la cuestión de fondo: el tarifazo carece de la más absoluta justificación. La paradoja sin dudas sienta un precedente jurídico que la Corte Suprema no puede soslayar. Si las petroleras no justifican los nuevos cuadros tarifarios y la ciudadanía, agobiada por un salvaje ajuste estructural, los rechaza de plano, entonces preguntamos a los magistrados del máximo tribunal: ¿Harán algo al respecto?

A partir de abril y hasta diciembre de 2017, las petroleras embolsarán 2.500 millones de dólares adicionales como consecuencia de los nuevos precios del gas natural. En este caso, y a pesar del tarifazo, la desregulación, la habilitación exportadora y el permiso para girar utilidades al extranjero, además de nulas inversiones y generación de empleo durante 2016 (hubo pérdida neta de puestos de trabajo) debe agregarse lo siguiente, todavía más grave: no hubo necesidad de incrementar la tarifa ni el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) para que esas mismas petroleras, entre 2012 y fines de 2015, mejoraran exponencialmente su producción, multiplicaran sus inversiones y lograran sustituir importaciones de gas por miles de millones de dólares. Por este motivo, más que “regalo”, el tarifazo del gas es una estafa multimillonaria contra la ciudadanía y el Estado nacional. Y se explica pura, exclusiva y sencillamente por tener, desde la asunción de Mauricio Macri a la fecha, un cartel de empresas en poder del Ministerio de Energía.

En conclusión, los nuevos cuadros tarifarios del gas en el PIST -a abril de 2017- elevarán la recaudación de las petroleras en relación a 2015 en 2.512 millones de dólares, cifra que en pesos asciende a 45.200 millones (tomamos un dólar = 18 pesos, el valor promedio que figura en el presupuesto). Cabe aclarar que dicha cifra no incluye el incremento de la tarifa previsto para la segunda mitad del año. En cuanto al saqueo al bolsillo de la ciudadanía, la transferencia es aún mayor desde que aquí no se calculó el “regalo” a las transportistas y distribuidoras.

Llegado a este punto, tres consideraciones. La primera: ¿Cómo justificar 45.200 millones de pesos adicionales en relación a 2015, cuando las petroleras que explican prácticamente la totalidad de la producción gasífera nacional expusieron en las dos audiencias públicas que con la política de precios en el PIST del período 2012-2015 multiplicaron sus inversiones, recuperaron e incrementaron su producción, desarrollaron yacimientos costosos y permitieron al Estado sustituir miles de millones de dólares en importaciones de gas?

Segunda consideración: Es fundamental entender que no se trata, al menos no para el caso de la industria petrolera, de una administración nacional que “regala” 45.000 millones de pesos a las petroleras. De igual forma a lo sucedido con la condonación de deuda a las distribuidoras de la energía eléctrica, son las empresas las que, adueñadas del Poder Ejecutivo, se auto-condonan o auto-regalan miles de millones de dólares sustraídos al fisco y a los ingresos de millones de familias argentinas.

Y tercera y última consideración: Siendo que YPF SA es una de las empresas beneficiadas por ser la principal productora de gas, debe tenerse en cuenta que la política digitada por el Grupo Shell –al frente del Ministerio de Energía– junto a petroleras como PAE, Total, Petrobras y Tecpetrol en realidad apunta a destruir a la empresa de bandera. Este Observatorio ha elaborado varios trabajos dando cuenta de la cartelización de las referidas compañías contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hacemos esta aclaración para todos aquellos que colocan en una misma bolsa a las empresas citadas con YPF como responsables de la estafa implícita en el tarifazo.

Gentileza: Federico Bernal, del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo.
Nota completa en www.oetec.org

 

IMPUTARON A MACRI Y ARANGUREN: EL TARIFAZO DEL GAS HABRÍA BENEFICIADO A EMPRESARIOS AMIGOS

El fiscal federal Franco Picardi pidió que se investigue al presidente y al ministro de Energía por la medida que supone un aumento de hasta 400 por ciento en 2016. La Justicia buscará probar si el Gobierno favoreció a Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin.

La sustancial suba del gas se decidió por determinación de Mauricio Macri y sin convocar previamente a una audiencia pública. El fiscal Franco Picardi denuncia que los funcionarios buscaron favorecer a sus empresarios amigos: Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin.

El presidente y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, fueron imputados en la causa, que deberá explicar si el incremento tarifario de gas de hasta el 400 por ciento implicó un fraude al Estado o si fue producto de un pago de sobornos de las empresas de gas a funcionarios públicos para que avalaran las subas.

Luego de los aumentos decididos en 2016, los fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) habían hecho una presentación para analizar si pudieron haber existido delitos vinculados a negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho a raíz del aumento en las tarifas de gas.

Desde la PIA, argumentaron que el incremento tarifario de por sí implicó una mejora en la económica para los titulares y accionistas de las empresas del rubro, y apuntaron a Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto, y a Jhon Lewis y Marcelo Mindlin, por acciones de Petrobras. La investigación se ordena luego de hacerse público que socios y amigos de Macri habían comprado empresas de electricidad y gas.

Cabe recordar que el 24 de marzo del año pasado Macri asistió a un encuentro en Río Negro con el empresario Lewis, dueño de la firma Pampa Energía S.A, y que cinco días después de esa reunión el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, dispuso el incremento tarifario de gas.

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