Los gremios manifestaron su total rechazo ante la proliferación de proyectos que tienden a modificar o suprimir el sistema indemnizatorio que rige respecto de la finalización de los contratos de trabajo cuando media un despido sin causa.

La alarmante proliferación de proyectos (el más reciente es el presentado por Martín Lousteau) que tienden a modificar o suprimir el sistema indemnizatorio que rige respecto de la finalización de los contratos de trabajo cuando media un despido sin causa, nos llevan a los gremios que integramos la Intersindical Casilda a rechazarlos de plano.

En primer lugar, porque abogamos por el respeto a la Constitución Nacional, cuyo artículo 14 bis impone que la ley debe asegurar la protección contra el despido arbitrario. Por otro lado, es una falacia afirmar que estos proyectos buscan impulsar el empleo; esto sería una contradicción, no se puede sostener que el empleador toma trabajadores pensando en despedirlos.

La indemnización por despido sin causa tiene por finalidad resarcir al trabajador por la pérdida de su estabilidad en el empleo, sin lugar a dudas un daño de proporciones mayúsculas, como es el hecho de quedar sin salario y tener que afrontar la subsistencia. Además, la indemnización requiere del preaviso, de modo que el trabajador no sufra la expulsión en modo intempestivo, o el pago de una sustitución por la omisión. Pero no solo se trata del perjuicio económico que provoca el despido sin causa, sino también del daño psicológico que supone el carecer de una hipótesis de futuro, sobre todo en un contexto donde no abunda el empleo y los sectores trabajadores deben afrontar una situación económica que los agobia y les hace perder nivel de vida todos los días.

Las iniciativas de sustitución de las indemnizaciones por despido constituyen un agravio a los trabajadores que resulta intolerable. Más aún cuando se propone reemplazarlas por un fondo de cese laboral, al que increíblemente deben aportar los propios empleados, a los que se pretende obligar a pagarse su propio despido.

Por todos estos motivos afirmamos que los proyectos aludidos significan una afrenta a la Constitución Nacional desde una perspectiva jurídica y una agresión a los trabajadores desde la perspectiva política y social.

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