En 1989 y 1990, el entonces presidente había beneficiado a seis altos mandos de la última dictadura militar, acusados de cometer graves violaciones de los derechos humanos.

El 2 de marzo de 2004, el juez Rodolfo Canicoba Corral decretó la inconstitucionalidad de los indultos que en 1989 y 1990 beneficiaron a seis altos mandos de la última dictadura militar, acusados de cometer graves violaciones de los derechos humanos.

La medida ha sido adoptada por el magistrado, que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército entre 1976 y 1983.

En la misma resolución, el juez ordenó la inmediata detención de tres de los militares alcanzados por los indultos, de los cuales dos ya se encontraban en prisión por otra causa. La resolución no ha alcanzado a los tres imputados restantes debido a que han fallecido.

Los indultos que el magistrado considera inválidos habían sido dictados durante la presidencia de Carlos Menem y permitieron salir de prisión a los generales Guillermo Suárez Mason, Juan Sasiain, Jorge Olivera Rovere, José Montes, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero.