Una de las entidades PYME más importante del país salió este martes a manifestar su apoyo al gobierno nacional en la decisión de intervenir la cerealera Vicentin y el envío del proyecto de expropiación al Congreso Nacional.

Según consideró la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), se trata de un “hecho auspicioso para la producción nacional y la soberanía alimentaria”.

La entidad explicó en comunicado que en el actual marco de emergencia económica y social, la iniciativa del gobierno lleva tranquilidad a miles de trabajadores y cientos de productores y proveedores de servicios, entre ellos muchas cooperativas, en vista de que esta megaempresa se encontraba en concurso preventivo de acreedores y había cortado la cadena de pagos, con el impacto que eso genera para todos los integrantes de la cadena de valor.

APYME consideró en el escrito que lejos de constituir un “ataque a la propiedad privada” o una “distorsión del mercado”, la intervención y el anunciado proyecto de ley de expropiación que se enviará al Congreso cumplen plenamente con el mandato constitucional y responden a un objetivo imperioso como salvaguardar la actividad económica y el entramado productivo local en un momento de crisis sanitaria económica y social.

La mesa directiva de APYME

“Siendo Vicentin una de las diez mayores empresas exportadoras de producción agropecuaria, bajo la órbita de YPF Agro se convierte en una empresa testigo, clave para el desarrollo de políticas públicas que avancen en el camino de la soberanía alimentaria de la Argentina, la recomposición del ahorro nacional, la incorporación de mayor valor agregado y una inserción ventajosa de nuestro país en el difícil contexto internacional signado por las consecuencias económicas de la pandemia”, señalaron en la misiva.

Asimismo, desde APYME consideraron que “es importante que con la intervención de la empresa se lleve hasta sus últimas instancias la investigación en curso por el vaciamiento de la empresa y los créditos millonarios que recibió del Banco Nación bajo el anterior gobierno, además del endeudamiento con la AFIP, productores y proveedores”.

Además, exigieron que seinvestiguen también las maniobras elusivas del fisco que esta empresa llevó a cabo mediante la modalidad de radicación de sucursales en el exterior, las cuales realizaban exportaciones ficticias a fin de ocultar al Estado ganancias que se fugaron del país. Sin embargo, descontaban retenciones a los productores locales, con lo cual se concretaba otra estafa con complicidad de estamentos de gobierno.

“Por eso no es de extrañar que se opongan a estas medidas algunos actores políticos y los sectores concentrados y especulativos que se han beneficiado con ganancias extraordinarias durante los últimos años gracias a políticas de desregulación que profundizaron la primarización productiva, desfinanciaron al Estado y destruyeron a las Pymes y la industria nacional”, subrayaron en el comunicado y añadieron que “desde la gremial empresaria PYME se ha sostenido que para revertir ese proceso es indispensable un Estado presente y activo que se ponga al frente de una indispensable recuperación de los recursos estratégicos de la Nación, junto con el empresariado Pyme, los trabajadores, las cooperativas, le economía social, los profesionales, científicos, universidades y centros de investigación y desarrollo”.

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