Las leyes sancionadas por el Congreso Nacional establecen un incremento de 7,2% en las jubilaciones y elevar el bono congelado de 70 a 110 mil pesos, la prórroga de la moratoria previsional para quienes le faltan años de aportes, y el acceso pleno y continuo a prestaciones, pensiones y derechos de las personas con discapacidad.
El jueves 10, el Senado convirtió en ley 3 proyectos legislativos impulsados por la oposición: el aumento para las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El mismo día, Javier Milei expresó que va a “vetar todo lo que rompa el equilibrio fiscal” y agregó que, si el Congreso insiste con sus votos, judicializará las normas.
De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, el presidente tiene diez días hábiles para promulgar u observar una ley sancionada por el Congreso. Si no lo hace en ese plazo, que vence el domingo 4 de agosto se considera aprobada automáticamente. En este caso, como el Senado comunicó las leyes este lunes 15 de julio, el plazo vencerá el domingo 4 de agosto.
¿Qué establecen las leyes?
La Ley 27.791 establece un incremento del 7,2% sobre los haberes previsionales, eleva el bono extraordinario —congelado desde hace más de un año— de 70 mil a 110 mil pesos, y dispone su actualización mensual por índice de movilidad. Además, ordena a la Anses transferir fondos a las provincias que mantienen sistemas jubilatorios no transferidos a la Nación.
Si la ley ya estuviera vigente, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $ 441.600, frente a los $379.355 que cobraron, con lo que la diferencia sería de $ 62.273 e implicaría un aumento real de 16,4%.
En tanto, la Ley 27.792, prorrogando la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705, permite acceder a una jubilación a quienes no reúnen los años de aportes requeridos. También introduce modificaciones en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Por su parte, la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad establece esta condición hasta el 31 de diciembre de 2026, e incluye una serie de medidas de financiamiento sostenido para pensiones no contributivas por discapacidad y asistencia a prestadores del sistema, en el marco de la Ley 24.901.














