El Consejo Directivo de la central obrera se reunirá este viernes 6, en Azopardo para debatir si profundiza el intento de diálogo con el Gobierno o si activa un plan de lucha nacional contra la reforma laboral. La presión de los sectores «combativos» y el complejo escenario con los gobernadores del interior sobrevuelan el clima de un encuentro donde se podrían anunciar medidas para la semana del 10 de febrero.

Si bien la central mantiene una cautela estratégica, no se descarta que el encuentro de este viernes culmine con el anuncio de una movilización nacional. Esta decisión se toma en un momento en que el nuevo Frente de Sindicatos Unidos, en el que participa Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (Aceiteros), Rodolfo Aguiar (ATE), entre otros dirigentes, y al que se sumó recientemente Pablo Moyano (Camioneros), ya tiene programada una marcha en Rosario para el próximo martes 10 de febrero.

La cúpula de la CGT enfrenta el desafío de evitar que crezcan las adhesiones a este plan de lucha paralelo, que también incluyó una protesta en Córdoba ayer, jueves 5. La intención es evaluar si se acoplan a estas medidas o si lanzan una convocatoria propia que unifique el reclamo ante el inicio del debate en las sesiones extraordinarias del Senado.

Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la CGT es la dificultad para coordinar un frente común con los mandatarios provinciales. El plan original de realizar una gira federal para sumar apoyos contra la reforma sufrió constantes tropiezos. (Fuente: Mundo Gremial)

LA REFORMA LABORAL DESFINANCIA AL ANSES

La reforma laboral en Argentina (2025-2026) crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones, financiado con un 3% de contribuciones patronales que antes iban al SIPA (Anses), provocando un desfinanciamiento estimado en casi USD 3.000 millones anuales. Esto implica redireccionar fondos del sistema jubilatorio solidario hacia cuentas privadas de empresas.

De esta manera se reduce la contribución patronal obligatoria en 3 puntos porcentuales para alimentar el FAL, lo que afecta los ingresos de la ANSES y, por ende, el financiamiento de jubilaciones.

Las empresas depositarían este 3% en cuentas individuales (propias o fondos de inversión) para cubrir indemnizaciones por despido, reduciendo el costo directo de desvinculación para el empleador.

Esta medida, sumada a otras bajas de contribuciones, transfiere recursos previsionales al capital, poniendo en riesgo el sistema de reparto. Analistas señalan que busca “abaratar” los despidos a costa del financiamiento previsional.