El Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, y los y las responsables de Ambiente de las diferentes unidades académicas de la universidad, expresamos nuestro más enérgico rechazo al intento de modificación de la Ley 26.639, de presupuestos mínimos destinada a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

La Ley de Glaciares se inscribe en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de todas las personas a un ambiente sano y establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de este derecho.

Los glaciares y los ambientes periglaciales no son elementos ornamentales del paisaje: constituyen reservas estratégicas de agua dulce que regulan el ciclo hidrológico de grandes cuencas y sostienen el abastecimiento de poblaciones urbanas y rurales, actividades productivas y ecosistemas complejos.

Argentina posee un importante patrimonio de glaciares, con miles de cuerpos de hielo distribuidos desde la Puna hasta la Patagonia, cuya superficie se ha reducido de forma significativa en las útlimas décadas debido al cambio climático y a la pérdida acelerada de masa hídrica.

Esta tendencia de retroceso -ya documentada por la comunidad científica y reiterada por estudios internacionales sobre la reducción global de glaciares- compromete no solo la disponibilidad futura de agua, sino también la estabilidad de los sistemas ecológicos y socioeconómicos que dependen de ella.

Debilitar la protección legal de estos cuerpos de hielo, en un contexto de pérdida progresiva y default hídrico, implica aceptar una grave pérdida de un recurso finito, de altísimo valor ambiental, social y económico.

Cabe señalar que la Ley 26.639 no prohíbe la actividad minera ni otras actividades productivas en términos generales. Solamente establece criterios de ordenamiento ambiental del territorio, delimintando áreas específicas -glaciares y ambiente periglacial- donde, por su fragilidad y función estratégica como reservas de agua, determinadas actividades resultan incompatibles.

La ley no impide el desarrollo económico, sino que fija límites razonables y constitucionalmente válidos para garantizar que dicho desarrollo no comprometa bienes colectivos esenciales ni derechos fundamentales.

Sobran ejemplos en nuestro país de emprendimientos mineros que generaron verdaderas catástrofes socioambientales, con pasivos ambientales que recaen siiempre sobre los más vulnerables, la modificación de la ley abrirá la puerta a que estas situaciones se multipliquen.

La regresión en estándares de protección vulnera el principio de equidad intergeneracional y compromete la responsabilidad del Estado frente a las generaciones presentes y futuras. Modificar la Ley 26.639 implicaría un retroceso normativo incompatible con el mandato constitucional de progresividad en materia de derechos ambientales y con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

Como integrantes de una Universidad pública, sostenida por el pueblo argentino y comprometida con la producción de conocimiento científico y la defensa del interés público, afirmamos que la protección de los glaciares constituye una política de Estado que no debe ser objeto de flexibilización.

Por todo lo expuesto, exigimos el respeto irrestricto de la plena vigencia de la Ley 26.639 y advertimos sobre la irresponsabilidad institucional y jurídica de quienes apoyen la reforma.

Universidad Nacional de Rosario