La decisión fue tomada a partir de un informe del representante de la provincia en el Ente Portuario Puerto Reconquista que contenía irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin.

Desde la Federación Nacional Aceitera remarcaron que la empresa cerealera “en manos del Estado tendrá un rol fundamental para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos”, y señalaron que “se abre una oportunidad para generar más valor agregado con la industria”.

Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda explica por qué es necesario un Estado presente y activo, que no puede estar ausente ante el riesgo de quiebra de una empresa líder en un sector tan relevante para el país.

Una de las entidades PYME más importante del país salió este martes a manifestar su apoyo al gobierno nacional en la decisión de intervenir la cerealera Vicentin y el envío del proyecto de expropiación al Congreso Nacional.